No hay mejor escenario para el endurecimiento de las medidas de seguridad y el despliegue de las fuerzas armadas que el que propicia el terror. La presencia permanente y amenazante de la muerte, la sensación de estar siempre vulnerable a la cacería de matones que salen a disparar sin otro motivo que el encargo económico, permite imponer un marco de necesidad: es imperioso actuar sobre el terreno. Ahí van las operaciones militarizadas. La muerte es su instrumento: juegan con el miedo disponiendo la sensación de desamparo. Una vulnerabilidad que viene dada por la complicidad con el crimen en la que, por acción u omisión, las autoridades políticas quedan involucradas al permitir su gestación y desarrollo. Ahí están los falsos sicarios televisivos, haciendo creer que cualquiera puede ser presa de esos perros de caza que salen a matar enceguecidos, anunciados asesinatos falsos, confundiendo sobre la dinámica de la organización del crimen y aportando solo cinismo y desolación; ahí los sesudos análisis y los justos argumentos de gestión con que las autoridades gubernamentales justifican el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Pero, pese al servicio del miedo y a los operativos de militarización, la violencia no cedió: en la primera semana de ocupación ya había ocurrido diez asesinatos. Si bien sería apresurado indicar en eso la falta de efectividad (de hecho, la presencia de gendarmes infundió tranquilidad en los barrios) es un indicio de que la violencia criminal no se combate con la multiplicación de las medidas represivas y vigilancia. Si la estructura económica del negocio queda intacta, esas medidas únicamente refuerzan el clima de hostilidad: se libra la batalla y, como en toda guerra, los que mueren son, antes que todos, los pobres.
La tranquilidad momentánea que arrastra la presencia de las fuerzas de seguridad patrullando los barrios, permitiendo a las familias, por un momento, el derecho al espacio público y la calma, no tiene que imposibilitar la observación del fenómeno como se da en lo objetivo: el poder criminal que tiene al narcotráfico como una de sus expresiones, pero que se despliega y desarrolla en otras instancias de la vida política y económica. El cuestionamiento a ese poder de lo ilegal, que desde lo subterráneo irrumpe sobre la legalidad y consolida privilegios y desigualdades, tiene que hacerse imperiosamente. El fondo corrupto de las relaciones productivas en la Argentina, y su expresión provincial, núcleo de las tranzas y las intrigas de la matriz agroexportadora de la economía, es el que se expresa. Eso necesita ser denunciado. Acaso, esa es la primera forma para derrotarlo.
De patrones, narcos y comisarios
Las acciones políticas (como el desembarco masivo de fuerzas federales en los barrios) obedecen a una naturaleza ideológica y persiguen fines políticos: más de noventa allanamientos, un puñado de detenidos (ninguno perteneciente a los primeros órdenes del negocio), pocas armas y una exigua cantidad de sustancias incautadas. El operativo, resultante de la cooperación entre Nación y la provincia, con el acuerdo y estímulo del poder judicial, ordenado por jueces federales, reunió tras una acción del estado todas las instancias del poder institucional.
Los resultados son explicativos: el megaoperativo de ocupación se llevó a cabo en los barrios pobres de la ciudad, ahí donde el narcotráfico encuentra su mano de obra barata y realiza las primeras instancias de comercialización. Al control de esa instancia de la industria va dirigido. La militarización, en ese sentido, responde a una disputa por el control de ese primer escalón de la cadena. Ocupación de territorio, una forma de presentar en sociedad el poder represivo del Estado como un medio de control. Pero, ¿por qué el poder del Estado se manifiesta en la invasión de los barrios y no en la persecución de los gestores de las grandes riquezas del tráfico ilegal? El montaje se pone en escena para inspirar tranquilidad donde se padece vivamente la intimidación de la criminalidad y se está expuesto sin mediaciones a los enfrentamientos entre bandas.
Sin embargo, ¿es ahí, en los barrios, son esos pibes que asumen el papel de soldaditos y quedan trenzados en una red criminal, los que realizan las ceremonias de santificación de las ganancias que deja el comercio de drogas e invierten en propiedades y emprendimientos empresariales? Para ser una medida “antinarco” resulta bastante escasa, sobre todo cuando es coordinada por agentes oficiales cuyas fuerzas están señaladas como partícipes del negocio y bajo órdenes de agentes políticos vinculados con actores del narcotráfico: un jefe policial de la provincia preso y varios comisarios y funcionarios públicos denunciados de complicidad y coparticipación.
La doctrina de seguridad ciudadana implica la conexión entre el dinero del narcotráfico y las potenciales organizaciones terroristas. Así lo justifican con las drogas compradas desde los Estados Unidos y los países europeos en el medio oriente, tierra de amapolas y heroína; y así lo justifican, también, en los países sudamericanos, donde brota la coca entre tantos vegetales. Esa organización internacional antinarco, con profesores de organismos internacionales y especialistas yanquis enviados para la formación de las tropas locales, esa estrategia global, con sus expresiones locales y sus modalidades, esa forma de control se ejecutó con el megaoperativo rosarino, y se ejecuta, con sus formas particulares, pero bajo el mismo esquema en otras provincias que combaten el narcoterrorismo. Independizarse de esas estrategias de seguridad interior promovidas por las oficinas políticas y no-gubernamentales del capital transnacional es la forma de tomar un gesto soberano en materia de seguridad. La ligazón económica dependiente de la Argentina le impide a sus funcionarios semejante decisión.
El capital y la sangre
Departamentos de superlujo con vistas a la cuenca del Paraná, río usurpado por los puertos en manos multinacionales, donde esas grandes exportadoras del excordón industrial vomitan sus residuos y desperdicios contaminantes, y de las que los cómodos habitantes de esos departamentos son sus gerentes y operadores. Ese es el paisaje rosarino: los dueños del modelo productivo, con sus socios inmobiliarios, gozando de los esplendores de la riqueza (50 mil familias sin techo y 80 mil departamentos vacíos sintetizan la obscenidad; la inmediata oferta de créditos y ventajas para el alojamiento de los nuevos vecinos gendarmes, lo confirma). Los demás, somos mera utilería que funciona como sostén terrenal de ese ordenamiento.
“Contra el narcotráfico el desafío es la investigación económica: hacer menos rentable el delito, quitarle los bienes a la banda para debilitarla. El dinero es una vía excelente para llegar a las cabezas de las organizaciones y para ello hay que aplicar los instrumentos que tenemos sin inventar nada. Lo indispensable es decisión política y presión pública sobre la Justicia”, afirmó Roberto Bulit Goñi, especialista en delitos de lavado de dinero. Esa gran lavadora quedó exenta de los rigores del megaoperativo.
El dinero del narcotráfico sirve para aceitar la maquinaria de inversiones que da vida al centro de la ciudad. En las riquezas que se derivan de la producción agroextractiva y exportadora de los suelos pampeanos, quedan confundidos los millones generados por la industria del narco. Contra esa fuente enorme de capital, no se libra la guerra. El objetivo está en las instancias menores del negocio, en el control de los primeros estamentos de esa inmensa cadena que atraviesa la estructura económica y productiva de la ciudad.
El manual de la guerra
Guerra abierta al narcotráfico, aprendida bajo el tutelaje de los docentes de la Administración para el Control de Drogas (Dea) y el Fbi, asistencia educativa en el combate al narco al que funcionarios nacionales y provinciales asistieron disciplinadamente: “en los últimos meses, por lo menos cinco gobernadores firmaron convenios de colaboración para recibir apoyo de oficinas como la DEA, el FBI y otras dependencias del Departamento de Estado. Según dijeron fuentes diplomáticas y funcionarios provinciales, hasta ahora el acercamiento con Washington lo hicieron Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza y Santa Fe. Por este tema también tiene aceitados contactos con Estados Unidos el secretario de Seguridad, Sergio Berni”, anunciaba La Nación a principios de marzo de este año.
La ley 26.052, que les permite a las provincias ampliar sus accionar en la lucha contra el narcotráfico, sirvió de motivo para recurrir a la asistencia norteamericana, principales consumidores a nivel mundial. Los expertos en investigación criminal que recibieron cursos en Washington, también escucharon los consejos de especialistas de Colombia, Brasil e Israel, países donde ya se aplicó esa doctrina con resultados medidos en litros de sangre.
Guerra formato latinoamericano de la lucha contra el terrorismo librada en los países islámicos. La misma doctrina de seguridad interior que, con sus particularidades, fue aplicada en otros países, generando solo mayor conflictividad entre bandas y la agudización de la violencia en el territorio, ahora entreverado en la contienda entre los brazos paramilitares de las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad estatal. Los barrios como campo de batalla. “El problema es que en una sociedad con el 47 por ciento de su economía en el sector marginal eso es difícil. Si necesita pasadores de droga la organización siempre encuentra voluntarios, mano de obra barata. Pero quien lava dinero a la organización, por ser mano de obra calificada, es mucho más difícil de reemplazar. Ese es el objetivo.”, resume Goñi.
Cautivos del negocio de los ricos
El narcotráfico es una industria que genera jugosas riquezas que, pasado el fregado pertinente, pasan a ser valiosas inversiones. ¿Dónde queda y a dónde va el dinero narco? La trama de complicidades y connivencias políticas dibuja el manto de oscuridad. La Red Antimafia y Gustavo Vera, titular de La Alameda, presentaron una denuncia penal donde indican la línea de continuidad necesaria entre el negocio del narco y el dejar-hacer político. Y no es tanto el involucramiento de uno u otro actor político en el negocio del narco lo importante, sino la complicidad institucional que se brinda desde las estructuras del Estado, formando parte de un tejido de negocios multimillonarios que establecen, de hecho, formas paralelas de gobierno, con sus leyes particulares y sus custodios para asegurar su cumplimiento. Ese gobierno del dinero espurio, solapado en el radio céntrico, confundido en la vorágine de la Bolsa de Comercio, la actividad empresarial y la excitación de los comercios, se vuelve brutal y descarnado en los barrios periféricos. En tensión con la conducción de ese nivel quedó el megaoperativo. A salvo resultaron las instancias superiores en la gestión de ese entramado. En esa ecuación solo resulta la persecución y la muerte de los más pobres y expuestos.
