Crónicas | El derecho de vivir en paz - Por Valeria Romero Castillo

El panel de expertos del transporte público de Santiago anunció el alza del precio del metro. Frente a esto, el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine expresó: «El que madruga será ayudado con una tarifa más baja». Robusto análisis el del Ministro. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el metro, ingresando a los andenes sin pagar. La situación fue agravándose cuando las manifestaciones se tomaron las calles de todo Chile. Desde entonces, el Presidente decretó estado de emergencia, traduciéndose en el despliegue de militares y en la orden de toque de queda en múltiples ciudades. Al mismo tiempo, el Presidente asistía a una pizzería del barrio alto a celebrar un cumpleaños familiar. Bencina a la hoguera. Es así como hace un par de semanas, el curso de la vida de millones de chilenos y chilenas cambió. Y la vida de esta Profesora de Historia también: la represión institucional me lesiona, me es hostil. Las políticas públicas me desalientan, la desigualdad me violenta, la prensa deforma la realidad. Comprendí que en Chile se había activado la cortina de hierro.

Esto no se trata de los treinta pesos del alza de la tarifa del metro. No es lo superficial, es lo estructural. Esto se trata de cómo la ciudadanía reconoce una crisis generalizada del modelo neoliberal, legado de la dictadura. Y hablo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) que han precarizado la vejez con pensiones miserables. En 1981, la dictadura eliminó el sistema público de prestaciones basado en el modelo de reparto, transformándolo en uno de gestión privada, obligatorio y de acuerdo a cuentas individuales de capitalización.

Es la crisis de salud pública. Faltan insumos y abastecimiento de recursos en la red asistencial pública, y esto no se resolverá con el presupuesto del 2020. La crisis es tal, que hay quimioterapias y cirugías suspendidas.

Foto: AFP

Es la crisis de la educación, aquella con enfoque bizantino orientada hacia la competencia, a la que se le ha expropiado su sentido real. Este gobierno exilió la asignatura de Historia de los planes y programas de tercero y cuarto medio. El concepto de ciudadanía inherentemente está dotado de una potente carga histórica, entonces, ¿cómo desarrollarlo desde una perspectiva integral desconociendo el sustrato histórico al que pertenece? La Historia construida en escalas cronológicas, estructuras, hitos y coyunturas es necesaria porque no es una acumulación de fechas, sino más bien es la herramienta que desafía la comprensión del pasado, el presente y, por lo tanto, me permite trazar lineamientos futuros. El conocimiento de la Historia es tan vital, que a partir de ella podemos concientizar y asumir los «nunca más». Cada vez que las estructuras han atropellado y silenciado a las bases, la Historia está ahí para hacernos dimensionar y entender que hay capítulos que no deben reproducirse jamás. La Historia nos permite abrir los ojos desde una óptica reflexiva y crítica, pero muy peligrosa porque desarrolla el pensamiento crítico. Exiliarla del currículum es atentar contra los derechos de los estudiantes de reconocer parte fundamental de su propia identidad y su potencial transformador: La Historia es una herramienta que posibilita el cambio, pues asume que las personas son agentes y protagonistas del día a día.

En Chile, en pleno Siglo XXI, la formación ciudadana está al margen y no es la piedra angular de las políticas educativas. La educación es parte de la lucha política que atraviesa a las sociedades, requiere plazos largos, por lo tanto debemos entenderlas como políticas de estado que no prolonguen lo que es funcional a las estructuras, políticas de estado que dejen de instrumentalizar el modelo educativo para mantener el status quo, operando siempre verticalmente.

Es la reforma tributaria de un gobierno con un discurso «pro-pyme», que en realidad es un Caballo de Troya, en el que las pequeñas y medianas empresas son usadas por personas de los grupos más privilegiados del país para eludir sus impuestos. Lo que hoy entendemos por «pyme» depende de los ingresos generados por la empresa. Por ejemplo, un profesional que presta servicios a través de una sociedad sería considerado una pyme si registra ingresos por menos de $2.800 millones al año (US$3859.41). Escandaloso, ¿no? De la misma forma, como la evasión de impuestos reiterada del  presidente.

Es la propuesta del control preventivo de identidad a menores a partir de los 16 años, con el propósito de reducir las tasas de criminalidad. ¿Es ese el fondo? Establecer un control sin atacar los factores de riesgo, sin diseñar, planificar ni menos implementar estrategias focalizadas. El gobierno de Piñera plantea una propuesta altamente riesgosa para la vigencia de derechos ciudadanos, otorgando facultades a los mismos carabineros que han incumplido con la obligación de elaborar nuevos protocolos junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En democracia debiésemos generar acciones que propendan a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y garantizar las condiciones para un desarrollo integral.

Acá legitimamos un Estado Policial. El oficialismo se abstrae de la realidad: la delincuencia es culpa de la desigualdad social, pero este gobierno no lo visualiza. Y si lo hace, lo oculta. Entonces optamos por criminalizar la pobreza y desconocemos la relación directa que existe entre delincuencia y falta de educación, falta de oportunidades y desigualdad social. Si el ingreso de los más ricos incrementa en mayor proporción que el de los más pobres, la delincuencia aumenta, porque el botín es más gallardo, y en consecuencia las actividades ilícitas son más previsibles. La misma Escuela de Chicago, centro de operaciones académicas del libre mercado, reconoce que frente a mayor desigualdad, mayor criminalidad. El «milagro económico» de Milton Friedman en este país ha llegado a su punto de inflexión. Chile se transformó en un libertinaje de mercado que se ha consagrado con desregulación y falta de fiscalización.

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Son mis recursos naturales. Nos enfrentamos a una megasequía, originada por un megasaqueo perpetuado por el poder. Las élites nos han despojado de nuestros recursos, los mismos que podrían engrosar nuestras arcas fiscales son hoy base del modelo neoliberal, en circunstancias en que podríamos apostar al financiamiento de nuestros derechos sociales pero a partir de una nueva matriz productiva que utilice tecnologías limpias.

Es la crisis ambiental. Mientras el Presidente Piñera recibe el «Global Citizen Award», que se supone reconoce a las personas que demuestran una visión extraordinaria, innovación y compromiso para contribuir a los problemas globales más urgentes, mi región fue declarada como zona de emergencia hídrica. Basta de eufemismos, el cambio climático es ahora. La dictadura nos violentó al punto de establecer un Código de Aguas que se decidió de forma arbitraria y que aún sigue vigente. Los DAA (Derechos de Aprovechamiento de Agua) se compran y venden igual que un inmueble, es decir, a dominio perpetuo. El agua es un derecho, nos la arrebataron entregando la concesión a empresas que han hecho usufructo de ella en forma brutal.

Se aproxima la COP25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019) y Chile es «país anfitrión». No obstante, el gobierno de Sebastián Piñera no adhirió al Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué significa que Chile no hubiese adherido al Acuerdo de Escazú? En palabras sencillas, que nos están vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente sano y en base al desarrollo sostenible, objetivo de desarrollo sostenible consignado por las Naciones Unidas.

Mientras tanto, al ciudadano «patipelado» le aumenta sustantivamente la cuenta de luz, el petróleo, el costo de la vida. Somos las personas violentadas las que nos levantamos ante los atropellos constantes de este gobierno indolente y su séquito. Tanto que se jacta de los tiempos mejores, obsesionado con elevar la tasa de crecimiento del PIB. Y la economía, ¿cuánto ha crecido? Un frágil 2% y con la minería con cifras negativas. Se jacta de más y mejores empleos, pero en la práctica, la tasa de desempleo asciende al 7%. ¿Los sueldos? La mitad de los chilenos gana menos de $400.000 (US$ 551.42) mensuales. Estamos frente a una autoridad cuyo sustrato es la incongruencia, la incompetencia, un verdugo y su equipo de brazos operativos que no gobierna pensando en el bien común, sino más bien anteponiendo los intereses de unos pocos que se hacen de la riqueza de este país.

Foto: AFP

Este año se cumplen 31 años del triunfo del plebiscito del «NO», no a la extensión del gobierno de Pinochet que desde 1973 fracturó la Historia de Chile. Millones de personas condenaron la tiranía, la violencia sostenida y sistemática, la represión y el imperialismo voraz. Sin embargo, la lucha  continúa, las grandes estructuras han ratificado e inmortalizado un legado que nos lesiona y condena. Jactarnos de la transición a la democracia es validar la impunidad y descolgarnos de las luchas colectivas que debemos articular y levantar. Somos herederos de un legado pinochetista, de él se desprende un contrato social lúgubre: la clase dirigente hace prosperar su capital. La clase trabajadora sobrevive en la adversidad. Pero la clase trabajadora tiene conciencia de clase. Si un día, los ciudadanos deciden pararse frente al sistema, el modelo se detiene. Porque etiquetaron al evasor del metro como delincuente por el no pago de $830 (US$ 1.14), pero los paraísos fiscales y la evasión de impuestos de los políticos no caben dentro de la categoría de la delincuencia. Y para seguir sumando a los desaciertos, el Presidente sostiene: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite», expresión que evidencia su incomprensión sobre el problema real que nos inquieta.

¿Qué esperamos? Un nuevo contrato social cuyo cimiento sea el bien común. Superar este modelo que reproduce desigualdad y polarización. Exijo una asamblea constituyente, la estatización de los servicios básicos, la nacionalización de recursos naturales como el cobre, el litio y el agua. Exijo salud, educación y un sistema de pensiones digno. Exijo una democracia con plebiscitos vinculantes que nos permitan una participación con impacto real.

¿Quién me va a decir que las conquistas de los trabajadores no se lograron con el pueblo movilizado, articulado y de frente a los opresores? Extenuados de tanto atropello, hemos despertado haciendo frente a las cúspides y levantando las banderas contra el yugo neoliberal. Nos quitaron tanto, que perdimos el miedo. Queremos políticos que transiten por la alameda de la rectitud, el bien común y la vocación de servicio público.

Tengo la esperanza de que en unos años más, esta misma Profesora de Historia que hoy escribe esta reflexión estará en un aula, y dirá: «Queridos estudiantes, hoy veremos la revolución chilena de 2019». Y ahí estaré yo, como Profesora, pero al mismo tiempo como protagonista de ese proceso que generó cambios estructurales.


En la mañana del 15 de julio de 1789, en el Palacio de Versalles, el Duque de Rochefoucauld informó a Luis XVI de la toma de la Bastilla. El diálogo fue el siguiente:
—Pero, ¿Es una rebelión? —preguntó Luis XVI.
—No señor, no es una rebelión, es una revolución —respondió el Duque.


* Profesora de Historia y Geografía | Licenciada en Historia | Licenciada en Educación | Certificada en Formación ciudadana | Diplomada en Liderazgo Educacional | Magíster (c) en Dirección y Liderazgo para la Gestión educativa